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Familia de Kevin Acosta denunciará al presidente y altos funcionarios por presunta negligencia

Caso del menor reabre debate sobre responsabilidad en el sistema de salud

A 15 días del fallecimiento de Kevin Acosta, su familia anunció que radicará una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el interventor de la Nueva EPS. Alegan negligencia en la entrega de medicamentos vitales para tratar la hemofilia del menor.


A dos semanas de la muerte de Kevin Acosta, el niño de 7 años que padecía hemofilia, su familia confirmó que llevará el caso ante la justicia penal. La decisión, revelada en medios nacionales, busca establecer responsabilidades en la cadena de mando tras la intervención estatal de la Nueva EPS.

El menor falleció mientras esperaba medicamentos esenciales para su tratamiento. Aunque desde el Gobierno se ha mencionado que un accidente en bicicleta habría sido un factor determinante, la familia sostiene que el verdadero problema fue la falta oportuna de los fármacos requeridos para controlar su enfermedad.

La denuncia será presentada contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galvis, bajo el argumento de presunta negligencia administrativa.


Un proceso que escala al plano político

El caso no solo ha generado dolor e indignación, sino que también abre un nuevo capítulo en medio del debate nacional sobre la reforma al sistema de salud y las intervenciones del Estado en las EPS.

La familia insiste en que “nadie está por encima de la ley” y espera que este proceso siente un precedente para que ningún paciente con enfermedades huérfanas o de alto costo vuelva a enfrentar demoras en tratamientos vitales.


Nuevo frente para el Ministerio

En paralelo, el Ministerio de Salud enfrenta otra alerta sanitaria: la vigilancia por casos importados de sarampión en el país, situación que mantiene en atención a las autoridades ante el riesgo de transmisión local.

Mientras tanto, el país permanece atento a la respuesta oficial desde la Casa de Nariño frente a una denuncia que toca directamente la estructura del sistema de salud colombiano y la responsabilidad institucional en la atención de pacientes vulnerables.

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